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Rubén Sánchez: «El Gobierno con su capacidad regulatoria podría modular la subida de la luz»

El contexto de la pandemia mundial que ha obligado a muchas personas a cancelar servicios, unido a una ola de frio y un temporal sin precedentes en España que ha permitido que la factura de la luz se haya convertido en la tercera más cara de la historia, ha puesto en relieve la delicada y cambiante relación de consumo de los ciudadanos, que han visto mermados sus derechos ante la falta de información y transparencia.

Analizamos el contexto social y económico con Rubén Sánchez, secretario general de la organización Facua – Consumidores en acción, organización no gubernamental y sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos del consumidor.

– ¿Cómo estáis observando la relación de consumo dentro del territorio? ¿Qué análisis hacéis?

– Sin tener datos estadísticos, por una parte creemos que el comercio de proximidad se ha visto obligado a introducir elementos de modernización en muy poco tiempo. Por ejemplo el pago con tarjeta, debido a que durante la pandemia hemos usado menos efectivo que nunca y muchas tiendas de barrio no ofrecían esta posibilidad por las altas condiciones que pueden estar cobrando las entidades financieras. Es un ejemplo de cambio que se ha producido en las relaciones de consumo que no es cosa menor en cuanto a transacciones. Por otro lado, han aumentado muchísimo las compras online y eso ha permitido que florezca mucha comercio de esta índole. Personas que no tenían acceso, ya sea por la brecha tecnológica o no tenían la capacidad,  ahora sí la tienen e incluso se ha podido convertir en una modalidad de compra habitual para ellos. 

– Esto nos ha enseñado, por una parte, a aprender mecánicas nuevas o al menos introducirlas en nuestro día a día, pero también ha generado un shock al principio de la pandemia. Estamos hablando que de repente algunas personas que tenían servicios contratados o viajes organizados se encuentra con qué tiene que cancelarlos. ¿En esas respuestas inmediatas, las empresas se han portado? ¿Han respetado los derechos del consumidor?

Esa es la parte extraordinariamente negativa de lo ocurrido en pandemia en materia de derechos de consumidor. Hemos tenido un sector, el aéreo, protagonista de las denuncias, ya que al inicio se negó en la inmensa mayoría de casos a devolver el dinero a la gente de los vuelos cancelados o de los vuelos que despegaban pero que el usuario no podía coger por la pandemia. Se aprobó incluso una norma de que si por cualquier circunstancia vinculada a la pandemia el consumidor no podía disfrutar de un producto o servicio tenía el derecho a recuperar el dinero. Las aerolíneas de forma masiva no han cumplido y las agencias de viaje tampoco, con el argumento de que las aerolíneas no les devolvían su dinero. También ha ocurrido, en muchos casos, que empresas organizadoras de espectáculos o vendedoras de entradas, donde el espectáculo no se celebraba, le daban al usuario un bono, pero este no tenía por qué aceptar pudiendo reclamar su dinero. Esos han sido los 3 sectores por excelencia donde se han producido esas anomalías y donde la administración no ha dado la talla o no ha querido actuar como correspondía. El Ministerio de Transporte no ha anunciado los expedientes sancionadores que hacían falta en este sentido, el Ministerio de Consumo anunció una acción judicial contra las aerolíneas de la que no se ha vuelto a saber nada y luego las administraciones autonómicas no han anunciado tampoco de forma general aperturas de expedientes sancionadores a empresas que se estaban negando a devolver el dinero.

– Es curioso que tras todo ese caos viene un temporal histórico, y en plena ola de frio se observa un incremento también histórico en la tarifa de la luz dejando sin capacidad de respuesta a los consumidores y con escasa reacción de la parte política ¿a que se debe?

– Bueno, todo ello tiene multitud de matices. Posiblemente acabemos con la tercera factura más alta de toda la historia y hay elementos que verdaderamente han motivado ese incremento como es la subida del precio del gas natural, que tiene un enorme peso en la conformación del precio de la electricidad y que llevaba meses subiendo, además de una baja producción de energía solar y eólica debida al temporal. El precio de la luz tenía que subir, en ello no cabe demagogia, pero el Gobierno con su capacidad regulatoria podría modular esa subida y por otro lado también podría introducir elementos que modifiquen la normativa del sector eléctrico que facilitarían esa bajada de precio

– ¿Esto no se tendría que haber hecho con anterioridad?

– Sí, el gobierno podría haber establecido medidas a inicios de legislatura, pero en una reunión reciente que hemos tenido con la ministra Ribera, nos argumenta que tiene una serie de iniciativas que no ha tenido el tiempo o las condiciones de establecer con toda la crisis de la pandemia.  Por nuestra parte no nos parece una ministra que se haya olvidado de sus compromisos, si no que está trabajando en ellos, pero consideramos que las medidas deberían establecerse a mayor velocidad.

– ¿Y que medidas proponéis desde Facua?

– Creemos que hay que intervenir en la fijación de precios de manera que los denominados “beneficios caídos del cielo”, retribuciones que se le dan a algunas energías, se eliminen porque ya han amortizado sobradamente sus inversiones. Por otro lado creemos que hay que bajar el precio fijo de la factura, que con el Gobierno de Rajoy subió en torno a un 100% y es un importe desproporcionado. También, aunque sabemos que sería una medida compleja, creemos que el gobierno debería estudiar la limitación a las retribuciones que reciben algunas tecnologías de generación eléctrica que son muy caras. Por su parte proponemos modificar la carga fiscal, bajar el IVA en la totalidad de la factura o parte de ella, o que se establezca que los primeros KWh sean más baratos, que nos llevaría a un modelo parecido al agua que hay en muchos municipios. Todo ello unido a medidas que respondan a los consumidores más vulnerables fomentando el bono social y el conocimiento respecto al PVPC, lo que es la tarifa semirregulada, que a medio plazo bajaría el precio de la factura de la luz de muchos consumidores.

– Volviendo a una perspectiva más amplia de la situación de los consumidores ¿a qué se debe que muchas empresas pisotean los derechos de estos sin grandes consecuencias?

En primer lugar el conformismo. Mucha gente no batalla por sus derechos y cuanto menor es la cuantía menor importancia le acaba dando. Por otro lado, el desconocimiento de las vías para reclamar, el creer que es muy difícil, creer que al final tendrás que acabar contratando un abogado y a lo largo eso sería más costoso que reclamar 30 o 500 euros, y no es necesariamente así. Cuando nada más tramitar y presentarle a la empresa la reclamación no te contesta, que la respuesta sea “usted no tiene derecho y como mucho le doy esta otra alternativa” y el consumidor crea que se tiene que conformar. Ignorar que incluso puede darle la vuelta a la situación y provocar que esa empresa que no le devuelve 100 euros vaya a recibir una multa de 10.000 euros por el fraude que ha cometido y al final le va a acabar devolviendo el dinero. Falta el espíritu combativo, desde difundir en redes sociales el maltrato, hasta presentar una denuncia a través de Facua en la administración competente y en determinados casos acudir a los tribunales si el tema es viable.

– Pero faltaría alguna protección política que pueda dar tranquilidad al consumidor y que este no se sienta vulnerable en comparación con las empresas a las que se enfrenta. 

– Sin duda. Es lamentable que por parte de las autoridades de consumo sean contados los anuncios de sanciones contra fraudes vinculados a la pandemia, en una mano sobran dedos si enumeramos los casos que han transcendido. Esa falta de responsabilidad de las administraciones que tiene la capacidad de sancionar, implica también falta de confianza en el consumidor. Por tanto, tiene una enorme importancia el que haya administraciones con competencia en materia de control del mercado, en defensa de la competencia del asegurado, defensa del cliente bancario, del usuario de telecomunicaciones, autoridades de consumo autonómicas, que actúen y que se visibilicen públicamente las multas que imponen y los fraudes que identifiquen. En España no se caracterizan las administraciones por estar trasladando continuamente sanciones salvo las dos excepciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos que hacen públicas todas sus multas y que las aplican de manera bastante frecuente. En el resto de administraciones la inmensa mayoría de ocasiones las multas son secretas y además son muy pocas y de muy pequeña cuantía. 

– Hablando ya de vosotros y de vuestra labor, supongo que se reciben presiones constantes del mundo empresarial porque hacéis un enfrentamiento directo contra ellos, pero ¿estáis recibiendo cada vez más presiones políticas?

– Sí, evidentemente. Tanto la organización como yo personalmente recibimos presiones constantes tanto de empresas, grupos mediáticos, como cada vez más de políticos. Primero porque somos una organización incómoda para ciertos poderes, y por otro lado, porque nos encuadramos en una posición ideológica progresista, lo cual hace que ciertos sectores reaccionarios respondan con una agresividad desmedida. Nos atacan por vías que no son la mera crítica o debate sino a través de la difamación, atribuyéndonos delitos o prácticas ilícitas. Personalmente en los últimos tiempos he vivido varias situaciones en este sentido, empezando por el jefe de Ausbanc, Luis Pineda, haciendo campañas llegando a llenar ciudades con carteles con mi cara y el rótulo “se busca” tratándome como un delicuente, pasando por ataques de los dirigentes de ultra derecha de Vox divulgando mensajes difamatorios contra nosotros. Muchas veces los ataques finalmente lo que presentan son una especie de espejo en el que quien te ataca proyecta en ti las irregularidades y abusos que ellos mismos cometen.

Cartel de «Se busca» de la campaña contra la figura de Rubén Sánchez

– Sintiendo toda esa presión y ataque a vuestra labor ¿qué motiva seguir?

– Por una parte, es una opción laboral por la cual recibo un salario como director de comunicación de la organización, pero también es una opción política y una forma de vida ser parte de una organización de la sociedad civil que pueda jugar un papel político activo en la sociedad forzando que los partidos cumplan con las reivindicaciones a favor de la ciudadania. Personalmente tengo en el ADN ser una persona reivindicativa que no calla ante abusos e injusticias, de familia que luchaba contra el franquismo pidiendo libertad y democracia, mi padre fue preso político durante la dictadura fascista y víctima de las torturas por parte de la policía y yo de pequeño he recibido un discurso en mi familia en el que se me ha trasladado que no hay que callarse ante los abusos de ningún poder y hay que ayudar a los demás. Por lo tanto asumo esos ataques ya que son inevitables, no me gusta ni considero justo tenerlos que sufrir, pero los asumo por ser el rostro visible de la organización y por lo que pueda representar.

Por Ahmed Bajouich (@midoblog16)

About Ahmed Bajouich Hamdi (20 Articles)
Director de AFCAR MEDIA. Periodista, locutor y productor audiovisual, con experiencia en diversos medios nacionales e internacionales además de diferentes labores de creación de contenidos audiovisuales. No tiene límites para las buenas ideas y apuesta por ellas.

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