¿Sequía o saqueo? El lucro y sobreexplotación de un recurso esencial

Chile es una de los pocos países del mundo, si no el único, que lucra con un bien de primera necesidad. Según lo establecido en la Constitución de 1980, el agua se encuentra en manos de los privados. El Estado no lo garantiza como bien público por lo que no interfiere ni en la extracción ni explotación del recurso, lo que se traduce en sobreexplotación y escasez. En los últimos años, ha desencadenado en una mega sequía de la que el gobierno asume que el país no tiene los recursos necesarios para enfrentar la crisis hídrica por la que atraviesa. 

Durante la dictadura, a través del código de las aguas, se establece como bien nacional y público. Sin embargo, a la vez la Constitución lo transforma en un bien económico, ya que le entrega la facultad al Estado de conceder y disponer los derechos para la utilización del recurso de vital importancia. De esta forma, entrega y privilegia al mercado privado, concediendo dichos derechos, muchas veces, de manera gratis e ilimitada. Con todo, el llamado mercado del agua, se traduce en una libre disposición para la extracción y posterior uso, aprovechándose indiscriminadamente. Lo mencionado, transforma a los privados como el mayor consumidor, desabasteciendo así a parte de la población chilena.

Debido a la crisis climática que afecta al mundo, el país sudamericano no se queda atrás; desde el 2017 lleva atravesando una de sus peores crisis: una mega sequía que hasta el momento lleva 6 regiones afectadas (de norte a sur: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule), 134 comunas en estado de emergencia por la escasez, mientras que la ganadería ha sufrido grandes pérdidas con más del 30% de los animales muertos al igual que la agricultura con 119 comunas en emergencia. Tras las extremas temperaturas y la disminución de las precipitaciones, la crisis hídrica ha desencadenado en el comienzo de la racionalización del agua, limitaciones del suministro, disminución de las cosechas y el traslado del ganado por falta de alimento. 

El acceso al agua ha sido una de las demandas más solicitadas en medio del estallido social que atraviesa el país hace ya 5 meses. Tras el reciente acuerdo histórico entre los partidos políticos y el gobierno de turno para el camino hacia una nueva constitución, el pueblo pide que se convierta en un bien público y garantizado, para que se transforme en un derecho constituyente. A la par, se ha estado denunciando la sobreexplotación. Usuarios de las regiones afectadas aseguran que la sequía no ha sido impulsada solo por el cambio climático, sino también por el robo del suministro por parte de los entes privados. 

Chile es un país en el que el 8% de la población no tiene acceso al agua y el 80% de la propiedad se encuentra en manos de entes privados.

Tal es el conocido caso de Petorca, comuna ubicada en el norte de Chile, región de Valparaíso. Todo ocurriría por la llamada fiebre por el aguacate, conocida como el oro verde. El producto necesita aproximadamente de 2.000 litros de agua por kilo, por lo que los empresarios, extraerían ilegalmente agua de las napas subterráneas, sobreexplotando el recurso y dejando a la población con déficit del suministro. A lo anterior, debe sumársele la participación activa de antiguos personeros del gobierno, que se beneficiaban de la industria agrícola, por lo que no existe una fiscalización para agentes del gobierno o las empresas privadas frente a la utilización y explotación del agua.

La Laguna Aculeo, ubicada en la Región Metropolitana, solía ser un atractivo turístico, pero se transformó en un punto de extracción del agua utilizada por los agricultores para sus plantaciones. Por esto, la laguna perdió más de 40.000 millones de litros en la acción, hasta secarse por completo en 2018 luego de ser víctima de la sobreexplotación y la disminución de las precipitaciones. 

Sumado a lo anterior y como si no fuera suficiente, se debe añadir el gran déficit de precipitaciones, tal como sucede en la región de Valparaiso. Según la Dirección Metereológica, a fines del 2019 habían caído 83 mm, cuando lo normal es 142 mm, mientras que en la capital, a mediados del mismo año, deberían haber caído 240 mm, y solo se había acumulado 66 mm. 

A principios del 2020, en la región del Maule, la comuna de Vichuquén comenzó el racionamiento del agua. De tal forma, el acceso al agua está limitado por horarios, para darle un uso eficiente del recurso disponible, evitando su desperdicio.

Las transnacionales en conjunto con las hidroeléctricas y el mercado agrícola son los que concentran la mayor parte de la propiedad, por lo que a la vez son los que más se enriquecen y utilizan el recurso. Se niegan a cualquier cambio que pueda quitarles aquel privilegio como la desprivatización del recurso e inclusive medidas para frenar la excesiva explotación para frenar la escasez. 

Si bien hubo un intento de impulsar un proyecto de ley para acabar con las concesiones y garantizar el agua como un bien público, este llegó a su fin en el transcurso del actual gobierno de Sebastian Piñera, quien busca priorizar y mantener el dominio privado de empresas que no cumplen con normativas de regulación y aún cuando hay zonas afectadas gravemente por la crisis. 

En un país en el que el 8% de la población no tiene acceso al agua y el 80% de la propiedad se encuentra en manos de entes privados, es necesario y urgente regular y fiscalizar al mercado hídrico a través de políticas en las que se establezca y garantice el agua como derecho constitucional.

Por Fernanda Henríquez