Cronología del despertar chileno

Octubre trajo el inicio de la desobediencia civil en Chile, un pueblo violentado y cansado de los reiterados años de abusos de un gobierno opresor e ineficiente que solo realizaba políticas provisorias sin la atención de las verdaderas problemáticas y demandas de la ciudadanía. Los jóvenes estudiantes secundarios, por medio de las redes sociales, comenzaron llamados a la evasión del transporte público como mecanismo de protesta contra la más reciente medida del alza en el pasaje. Sin embargo, aquel problema, solo resultaría ser la punta del Iceberg.

Luego de la dictadura que azotó al país en los años 70 y 80, el dictador, Augusto Pinochet, designó a la Comisión Ortúzar para la elaboración de un anteproyecto, el que seguiría la línea para la creación de una nueva constitución. Actualmente, conocida como La Constitución de 1980, que continúa vigente. Bajo la Carta Magna, ilegítima en sus orígenes, quedaron impuestas leyes que limitaban la democracia (“leyes de amarre”) y además, instauró un modelo neoliberal, que terminó por beneficiar a solo un sector de la población, quienes concentran gran parte de la riqueza.

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La apatía silenciosa de las masas con el tiempo se transformó en enfado creciente, que con la reciente reforma al alza del costo del transporte público, generó un descontento generalizado y un malestar civil producto de la desigualdad existente en el país: la concentración de la riqueza en unos pocos, la corrupción, el alto costo de vida, los bajos salarios ante una extensa jornada laboral, la excesiva dieta parlamentaria, el olvido y la represión al pueblo mapuche, el endeudamiento por la educación -que es segregada y sexista-, el acceso limitado a la salud y el alto precio de fármacos, el sistema de bajas pensiones y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Lo anterior significó el colapso del sistema neoliberal debido al evidente abandono de la clase trabajadora en beneficio de la clase empresarial. En manos de las generaciones más jóvenes, se iniciaron jornadas de manifestaciones por días y noches completas en contra del gobierno y sus medidas.

Estamos en guerra contra un enemigo poderoso

Cuando el status quo de los privilegiados se vio dañado ante el llamado de diversas protestas pacíficas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio la orden para la militarización del conflicto, reprimiendo todo tipo de manifestación de la ciudadanía. El actuar se realizó de forma violenta, y se llevaron a cabo violaciones sistemáticas a los DDHH; hasta la fecha el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha registrado 3.449 heridos a nivel nacional, 352 personas con heridas oculares, 8.812 detenidos y poco más de 24 fallecidos, además de 192 querellas realizadas producto de violencia sexual cometidos por las fuerzas de seguridad del estado.

Por medio de la proclamación del estado de emergencia y constante toque de queda, el presidente Piñera, señaló estar en presencia de un enemigo poderoso, haciendo referencia a quienes protestaban de diferentes maneras: evasiones, cacerolazos y barricadas, haciendo resistencia y ruido al gobierno y a las fuerzas especiales en cada región, comuna, villa y pueblo del país. Por lo demás, comenzaron las concentraciones masivas en ex Plaza Italia, ubicada al centro de la capital, nombrada por el pueblo chileno como “Plaza de la Dignidad”, lugar donde se dejan ver cada día diversas intervenciones artísticas, rayados y pancartas con alusión a las demandas, peticiones, injusticias y violencia cometida frente al movimiento.

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El descontento se hizo cada vez mayor ante la criminalización de los actos de protesta de la ciudadanía por parte de los medios de comunicación, los que mancharon el trasfondo de las protestas y recurrieron, muchas veces, a la censura para proteger los intereses de los dueños de los medios, en su mayoría empresas privadas con tendencias políticas implícitas, instaurando una doctrina del shock para poner al pueblo contra el pueblo. Lo anterior deja en evidencia la necesidad de la creación e incorporación de una Ley de Prensa que impulse el periodismo independiente y con él la pluralidad de información, poniendo fin a la lógica de mercado y concentración de los medios.

Justicia y dignidad

Las manifestaciones pacíficas, resultaron ser una amenaza para el gobierno de turno, quienes respondieron con violencia a través de la institución policial de Carabineros de Chile; los que actuaron con desproporcionado e indiscriminado uso de la fuerza: se dispersan multitudes pacíficas no solo con gases lacrimógenos sino también con disparos de balines y perdigones a quemarropa. Además, han salido a la luz casos de torturas y abusos sexuales por los mismos. Con todo, a las demandas se ha sumado las peticiones de justicia para los principales afectados de la represión de las fuerzas armadas y dignidad para el pueblo tras el estallido social.

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Si bien, ha habido respuestas del gobierno frente al malestar civil, todas han sido soluciones insuficientes para las exigencias y necesidades de la ciudadanía, ya que siguen protegiendo el modelo y cuidando los intereses de la élite, quienes, en conjunto con las autoridades, llenan sus bocas pidiendo paz y fuerzan un cierre de las heridas que ellos mismos han abierto para instalar la normalidad y el estado de tranquilidad que les proporciona el status quo. Sin embargo, no es paz, es silencio. No es un llamado al término de la violencia y represión, sino una declaración para seguir gozando de sus privilegios sin empatizar con una nación entera que lucha en las calles para cambios que le garanticen calidad de vida, dignidad y ahora, justicia.

A esto le suma la petición de una nueva constitución, que se logró confirmar luego de que la mayoría de los partidos políticos del congreso y el gobierno llegaran a un acuerdo histórico, haciendo un llamado nacional para la participación de la ciudadanía en el plebiscito de entrada que se realizará en abril del 2020, para aprobar y/o rechazar la formación de una nueva constitución y en caso de avalar el cambio poder establecer el mecanismo (convención constitucional o mixta). Así se realizarían en octubre votaciones para la elección de constituyentes, para finalmente llegar a la elaboración de la Carta Fundamental y su aprobación definitiva. Con la participación de la oposición y los altos quórums, se espera legitimidad en la escritura, en la que se ansía representar a las mayorías.

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Con más de 50 días de manifestaciones, a pesar de que los medios de comunicación tradicionales han disminuido sus reportes ininterrumpidos y la continuidad de problemáticas aún no enfrentadas, las concentraciones y los conflictos no han cesado, no se consigue el silencio del pueblo que continúa resistiendo y movilizándose: no habrá paz, hasta que se haga justicia.

Por Fernanda Henríquez